2008

La situación de las personas con discapacidad en América Latina y El Caribe

Introducción: Conocer el escenario

El principal escenario de acción e incidencia para la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS) son los países de América Latina y El Caribe y la región, como un todo.

Asimismo para desarrollar su trabajo organizativo, comunicacional y político, la RIADIS requiere avanzar en un conocimiento, cada vez más amplio, sobre la situación que viven las personas con discapacidad de la región, particularmente en materia de derechos humanos.

Este documento busca ofrecer una visión panorámica, introductoria y general sobre la situación de las personas con discapacidad en América Latina y El Caribe, en función de aportar un insumo para el debate interno en la RIADIS sobre este importante tema.

Desde su fundación, en octubre, 2002, en Caracas, la RIADIS ha buscado ampliar su conocimiento sobre la situación de las personas beneficiarias de sus acciones políticas, empero no ha habido un esfuerzo sistemático y estructurado, que haya permitido avanzar en este propósito. Este documento, la discusión y acuerdos que se alcancen, pueden ser una base de partida para avanzar en tal dirección.

En la actualidad, se presenta, por una parte, una situación en la que persisten las violaciones de los derechos de las personas con discapacidad, producto –en gran medida—de múltiples expresiones de discriminación y exclusión social, a lo largo de todos los países del sub-continente, y por otra parte, se abren amplias oportunidades de incidencia política a partir de la ratificación y entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en un número significativo de países de la región. También, como es sabido, existe otro instrumento jurídico internacional (la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad), adoptado por la Organización de Estados Americanos (OEA), en 1999, que si bien no es tan amplio y potente como el tratado de la ONU, es útil para apoyar acciones orientadas a la lucha contra la discriminación que afecta a las personas con discapacidad.

Igualmente, la declaratoria de la OEA, en junio del 2006, del Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006-2016), abre oportunidades de acción e incidencia política en el mismo derrotero, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población con discapacidad y lograr avances en el estado de los derechos de las personas con discapacidad, en la región.

Hay algo que advertir sobre la carencia de material bibliográfico cuando se elaboran este tipo de trabajos. Hay poco material de estudio sobre los derechos de las personas con discapacidad en la región. Obviamente que este campo de investigación retrata el entorno general que prevalece en el ámbito de la discapacidad. Hasta ahora el estudio investigativo más abarcador es el “Informe regional de las Américas sobre el monitoreo internacional de los derechos de las personas con discapacidad”, elaborado y publicado por el Centro Internacional sobre Rehabilitación (CIR) en el año 2004. Recogemos algunos datos por el CIR para ejemplificar situaciones violatorias, que se dan en nuestros países.

Esperamos, no obstante la limitación indicada, que este documento contribuya en un conocimiento mejor acerca del escenario natural de acción política de la RIADIS y, con ello se pueda avanzar, en iniciativas, esfuerzos y luchas, más certeras y exitosas.

El “Apartheid” silencioso

A lo largo de las próximas páginas, examinaremos la situación general de las personas con discapacidad en la región, de cara a las silenciosas violaciones de sus derechos humanos, que se dan a lo largo de nuestra geografía latinoamericana y que constituyen –como lo hemos mencionado en otras ocasiones-- un verdadero “apartheid”.

A partir de una visión subestimativa de la persona que tiene algún tipo de deficiencia (física, sensorial, intelectual o psico-social), en nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas, la discriminación y distinto tipo de violaciones de los derechos humanos, se han visto como algo natural, como una situación que se podría justificar en virtud de que “estas personas” son distintas y se salen del modelo de normalidad, que prevalece en los entornos socio-culturales de nuestros países. De ello deriva que la historia de las personas con discapacidad en América Latina y El Caribe, como en el resto del mundo, sea una larga historia marcada por la discriminación, la exclusión y la violación sistemática y reiterada de sus derechos humanos.

Desafortunadamente, esta visión subestimativa ha contribuido a que tales violaciones de los derechos humanos, no se ubiquen en su dimensión real y la discapacidad –hasta en los años recientes-- no se haya visto como tema de derechos humanos. Incluso, los mismos organismos nacionales de derechos humanos de muchos de nuestros países, no han colocado en su agenda este tema o lo han hecho de manera marginal y no siempre con el enfoque adecuado. La invisibilidad que ha afectado a las personas con discapacidad, a lo largo de los tiempos, hace que las violaciones de sus derechos, no hayan ocupado hasta ahora un espacio relevante en los informes de los Estados o sea una materia relevante en las entidades, que desde la sociedad civil, se ocupan de denunciar las violaciones de derechos humanos. Esta es una situación que debe cambiar. Para lograr avances en la materia se debe empezar a erradicar, con fuerza sostenida, ese “Apartheid” silencioso.

Como consecuencia de esa invisibilidad y discriminación prevalecientes, existen escasas investigaciones estadísticas y datos, que ofrezcan un panorama completo sobre la situación de las personas con discapacidad y, particularmente, sobre el estado de los derechos humanos de este sector poblacional, como indicamos más arriba.

En este sentido, coincidimos con Armando Vázquez, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuando afirma que: “La discapacidad en las Américas es un tema complejo, de enorme repercusión social y económica, pero del que se carece de datos fehacientes. Los estudios estadísticos son escasos, están desactualizados y son poco precisos; por ello, el trabajo en políticas o programas relacionados con la discapacidad se basa en datos estimados y, en ocasiones, bastante alejados de la realidad de los países”.i

No obstante esta limitación en relación con los datos y las estadísticas, echaremos mano de alguna información, que se hemos venido recabando y que da fundamento a los análisis y valoraciones, que presentaremos.

¿Cuántas son las personas con discapacidad de nuestra región?

En primer lugar, es oportuno señalar que la mayoría de los países de la región, continúa empleando definiciones sobre discapacidad, que se apartan del modelo de derechos humanos y desarrollo social. Una de las definiciones más comunes, en las leyes sobre esta materia, es la que se incluye en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM-1) de 1980 de la OMS, según la cual, discapacidad es “toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano”.

Tales definiciones son un reflejo de las visiones prevalecientes sobre discapacidad y sin duda influyen en el tratamiento inadecuado al tema. Se puede concluir, a partir de la experiencia acumulada en este ámbito, que la visión tradicional y caritativa, es la que domina a la sociedad en general; el modelo médico, es que tiene mayor influencia en los sectores profesionales relacionados con este campo y el emergente modelo de derechos humanos, ha ganado y gana terreno en los sectores dirigentes de las organizaciones de PcD más avanzadas y en sectores académicos relacionados con el tema. La Convención de la ONU, en este sentido, debe jugar un papel muy activo en este cambio de visión, por su naturaleza vinculante y porque en la mayoría de nuestros países, tiene valor supra-legal.

Vamos ahora a las cifras. Hasta el presente, ha sido difícil llegar a una cuantificación precisa sobre la población con discapacidad de América Latina y el Caribe. Tal situación se explica tanto por lo indicado anteriormente sobre la invisibilidad (y el desinterés sobre el tema) como por la falta de una definición uniforme de “persona con discapacidad” entre nuestros países y a las diferentes metodologías empleadas. Esa falta de caracterización común hace que el número que ofrece un país no sea siempre comparable y asimilable al que presentan otros países.

De esta manera, nos encontramos con datos muy disímiles entre países con características similares. Incluso entre organismos de la ONU como el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), aparecen significativas diferencias al señalar el primero que hay alrededor de 50 millones, mientras el segundo estima que en nuestra región viven cerca de 85 millones de personas con discapacidad. Es oportuno subrayar que la estimación de la OMS/OPS se hace partiendo de que la población con discapacidad es un porcentaje entre un 10 y 15 % de la población general, en países con las características de los latinoamericanos y caribeños.

Nos inclinamos a confiar más en los datos ofrecidos por la OMS/ OPS, ya que en varios países donde se han desarrollo estudios más profundos sobre la población con discapacidad, se ha llegado a determinar que la población era mayor que la considerada anteriormente, a partir de censos generales o encuestas de hogares, y los porcentajes se han ubicado entre ese 10 y 15 %.

Con respecto al crecimiento o no de la población, de cara al futuro, cabe indicar que en nuestra región podría darse un aumento del número de las personas con discapacidad como consecuencia de factores externos y por enfermedades no trasmisibles. “Sin duda alguna, los conflictos armados, los accidentes de todo tipo, el uso y abuso de alcohol y drogas, y la violencia social son también causas de discapacidad. Otras condiciones que favorecen ese aumento de las discapacidades son el envejecimiento de la población, la desnutrición, el abandono infantil, la marginación de grupos sociales como los pueblos indígenas, la pobreza extrema, el desplazamiento poblacional y los desastres causados por fenómenos naturales”ii.

Normativa y discapacidad en América Latina

En los últimos tres lustros, se ha dado un significativo avance en a promulgación de normas, orientadas a la protección de los derechos de las personas con discapacidad en los países la región, ya sean que se expresen a través de leyes específicas o de manera indirecta.

Las Constituciones nacionales de cerca de la mitad de los países de la región identifican expresamente a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Un número significativo de países han aprobado leyes que, de manera exclusiva, abordan la protección de los derechos de las personas con discapacidad y otros han sancionado leyes que prohíben su discriminación.

Muchas de estas normas han sido influenciadas e inspiradas en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, acordadas en la ONU en 1993. De esta manera, el carácter no vinculante de estas normas internacionales, ha sido positivamente canalizado a través de normas nacionales, que si son (o deberían de ser) de aplicación obligatoria.

Sin embargo, existe una enorme brecha entre la normativa y su aplicación efectiva a lo largo de la región. Tal y como se desprende del estudio citado del CIR), no obstante de estas tendencias alentadoras, que se observan en la promulgación de leyes, “se suele pensar que las personas con discapacidad necesitan acciones de beneficencia más que derechos humanos plenos”.

Desafortunadamente, muchas de las leyes sancionadas en los últimos años carecen de disposiciones que exijan su cumplimiento efectivo. En general, no se fijan sanciones por incumplimiento y en aquellos casos en los que sí se establecen, pocas veces se aplican. “En resumen, puede afirmarse que, en términos generales, se llegó a un punto en el que la creación de protecciones legales supera la voluntad o la capacidad de las naciones de implementarlas y exigir su cumplimiento”.iii

De este pálido cumplimiento no se escapa la Convención de Guatemala, ya que el Comité Anti-Discriminación establecido en el artículo VI del tratado, fue convocado por la Secretaría General de la OEA con un retraso de cuatro años y su nacimiento en febrero del 2007, no ha estuvo marcado, precisamente, por la fuerza que la discriminación que afecta a las personas con discapacidad, lo exige. La segunda reunión de este comité, celebrada en Brasilia en julio-agosto, 2008, tampoco ha traído noticias muy halagüeñas sobre la influencia y eficacia de esta instancia, en la lucha contra la discriminación asociada a discapacidad. Es muy probable que sólo por medio de una influencia creciente de las OPcD, potenciadas políticamente –como lo proyectara la RIADIS antes y durante la reunión de Brasilia—se pueda cambiar el rumbo de este comité hacia un trabajo más eficaz y efectivo.

Ahora bien al avanzar como está avanzando en nuestra región, la ratificación y entrada en vigor de la Convención de la ONU (y en algunos países también su protocolo Facultativo), nos fija un camino de alentador fortalecimiento de las normas de protección de los derechos de las PcD. El hecho de que ya 14 países de Latinoamérica y El Caribe hayan ratificado el tratado, es una manifestación palmaria de este avance legislativo. De eso debemos de sentirnos satisfechos pero no debemos olvidar que la adopción de la norma no es sinónimo de aplicación efectiva de esa norma.

Es muy bueno contar con una normativa vinculante para los Estados Partes, que está enmarcada en el paradigma de derechos humanos y desarrollo social, pero habrá que desarrollar mucho trabajo para darle vida y sustento práctico en todos nuestros países, a las disposiciones de la Convención de la ONU, a través de planes nacionales, políticas públicas, programas y acciones incluyentes.

El círculo vicioso entre discapacidad y pobreza

Bengt Lindqvist, Ex Relator de Naciones Unidas en Materia de Discapacidad y Desarrollo Social, en su Informe del Año 2002, subrayó la íntima relación existente entre pobreza y discapacidad:

“Es obvio que en los países en desarrollo, como en áreas más desarrolladas, las personas con discapacidad y sus familias son más propensas, que el resto de la población, a vivir en la pobreza. Es una relación de dos vías: La discapacidad produce pobreza y las condiciones de pobreza aumentan el riesgo de adquirir una discapacidad. El prejuicio y el estigma afectan la vida tanto de las niñas y niños como de los adultos con discapacidad. Estas condiciones y actitudes producen el aislamiento y la exclusión de la vida en sus comunidades”.iv

Partiendo de que la pobreza es la condición que padecen las familias o las personas, cuyos ingresos no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas en alimentación y otras necesidades como gastos en salud, educación, vivienda, vestido, transporte, etc., el Premio Nóbel de Economía de 1998, Amartya Sen señaló: “La línea de pobreza para las personas con discapacidad debe de tomar en cuenta los gastos adicionales en los que incurren cuando traducen sus ingresos en posibilidades de vivir bien”.

Está claro que las personas con discapacidad tienen gastos adicionales para satisfacer las mismas necesidades de las personas sin discapacidad. El mismo Sen afirma que en el Reino Unido el índice o porcentaje de pobreza entre las personas con discapacidad (en el año en que realizó su estudio), ha sido del 23.1% comparado con un índice general del 17.9% para el país. Pero cuando los gastos adicionales asociados a tener una discapacidad son considerados, el índice de pobreza para las personas con discapacidad se dispara hasta un 47.4%.

Este círculo vicioso hace que las personas con discapacidad tengan más posibilidades de ser pobres y de permanecer pobres. Debe tenerse en cuenta que la discapacidad involucra –directa o indirectamente—a cerca del 25 % de la población de nuestros países, por el hecho de que cada familia que tiene, al menos, un miembro con discapacidad, se ve afectada de múltiples formas por la discriminación y exclusión social, que sufre ese miembro.

Hay que recordar que la inmensa mayoría de personas son pobres porque así lo quieren sino porque en las sociedades donde viven (o sobreviven) no se han creado condiciones para el desarrollo de sus capacidades y porque no se han abierto oportunidades para su desarrollo e inclusión.

Según datos de Naciones Unidas, cerca del 82% de las personas con discapacidad de la región, viven bajo condiciones de pobreza y pobreza extrema. Eso indica que hay una presencia desproporcionada de personas con discapacidad entre las personas pobres del sub-continente. Ese dato en si mismo muestra la discriminación en el ámbito socio-éconómico, que afecta a la población con discapacidad y es expresión evidente de violaciones de los derechos económicos y sociales de las PcD.

Visto desde otro ángulo: Si se hiciera un estudio pormenorizado y riguroso sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de las PcD de la región (como deben de empezarse a hacer en este era post convención), se concluiría que hay una situación de reiteradas y sistemáticas violaciones. Observemos tal situación tomando algunos derechos relevantes en la vida de las PcD.

Derechos económicos y sociales

La situación de violaciones reiteras de derechos económicos y sociales que afecta a las PcD, que es ya grave en las zonas urbanas, se hace mucho más grave en zonas rurales y remotas. Según un estudio del Banco Mundial, en nuestros países tan sólo entre el 3 y 4 % de los servicios que ofrecen los Estados, impactan a las personas con discapacidad y, por lo general, éstas viven en las ciudades.

Veamos ahora la situación de manera más concreta, en algunos de estos derechos de la llamada segunda generación.

Educación

Las cifras sobre acceso a la educación de niñas y niños con discapacidad, padece de las mismas limitaciones de precisión estadística que enunciamos anteriormente. Empero a partir de los datos disponibles, se puede asegurar que las niñas y los niños con discapacidad tienden a ser severamente excluidos de los sistemas educativos, violándose de esta manera, su derecho a la educación.

Este tipo de violación se da en todos los países de la región, en distintos grados y manifestaciones. “En Colombia, sólo el 0,32% de los alumnos tienen una discapacidad. Las cifras son similares en Argentina (0,69%) y en México (0,52%), mientras que en Uruguay y Nicaragua se informan porcentajes levemente superiores (2,76% y 3,5%, respectivamente). Al comparar la población infantil con discapacidad estimada con la cantidad de niños inscritos en el sistema educativo, se observa que sólo entre el 20% y el 30% de los niños con discapacidad asisten a la escuela.”v Y hay países donde la situación es más grave, como Bolivia, donde se estima que entre el 74% y el 97% de los niños con discapacidad no reciben ningún tipo de educación.

Cabe indicar que el acceso a la educación varía según el tipo y el grado de discapacidad. Es una práctica común que las escuelas rechacen a niños y niñas con discapacidades más severas. En nuestros países, la educación de los niños y niñas con discapacidad, por lo general, es segregada y no supera el nivel primario. Hay un restrictivo acceso a las escuelas secundarias, en virtud a la limitada oferta de escuelas especiales y a la muy escasa integración de las y los jóvenes con discapacidad en este nivel educativo.

Como resultado de estas prácticas discriminatorias, las personas con discapacidad que asisten a algún centro educativo, por lo general, reciben menos educación y de menor calidad, que las personas sin discapacidad. Según los datos del mencionado informe del CIR: En Chile, sólo se alcanza, en promedio, 6,4 años de escolaridad. En Brasil, por su parte, sólo el 10% termina el 8º grado. En El Salvador sólo el 5% termina la escuela secundaria. En Honduras, mientras tanto, la tasa de analfabetismo entre las personas con discapacidad es de 51%, mientras que para la población en general, el indicador alcanza al 19%, según datos del Banco Mundial.

Bajo las circunstancias señaladas, la gran mayoría de PcD que tiene el privilegio de disfrutar acceso a algún nivel educativo, reciben educación de baja calidad, que no les prepara, adecuadamente, para insertarse en los procesos productivos y en procesos de movilidad social.

Empleo

El ámbito del acceso al empleo para las personas con discapacidad en edad productiva y en condiciones para trabajar, es quizás donde se da con mayor frecuencia la discriminación asociada con discapacidad y la violación del derecho al trabajo.

Desafortunadamente, no se cuentan con cifras de desempleo más exactas, sin embargo, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los países de América Latina y El Caribe, más del 85 % de las personas con discapacidad, que podrían trabajar, carecen de empleo.

Este desempleo tan extendido y la marginación laboral existente tienen como causa principal la subestimación de la capacidad productiva de las personas con discapacidad, enmarcada dentro de la subestimación general que prevalece. A éste se le suman otros factores como la calidad y la competitividad de la mano de obra, que debido a las limitadas posibilidades formativas, es baja; la inaccesibilidad de los lugares de trabajo; la falta de transporte accesible y, en general, los problemas económicos que afectan a los países de la región y que tienden a agravarse, debido a las secuelas inevitables de la crisis global.

En ocasiones, las cifras que se ofrecen en los países que relacionan discapacidad con empleo, parten de un error básico, debido a lo siguiente: En general cuando se realizan las encuestas para determinar los niveles de empleo de un país, se formulan las siguientes preguntas, a las personas en edad productiva: -¿Está usted empleada en el presente?

La persona interrogada tiene dos opciones de respuesta: Si o no. Si responde “si” es colocada dentro de la Población Económicamente Activa (PEA). Si responde “No”, se le formula otra pregunta: -¿Ha realizado una gestión de empleo en las últimas cinco semanas?

Si la respuesta es afirmativa, se le contabiliza como parte de la PEA desempleada. Pero si la respuesta es negativa, se le coloca dentro de la Población Económica Inactiva (PEI) y no se le contabiliza como desempleada.

Esto resulta en extremo engañoso cuando se trata de personas con discapacidad, debido al alto nivel de exclusión y discriminación que se da a la hora de contratar personas con discapacidad. Es muy probable que a una persona con discapacidad que le pregunten que si ha realizado gestiones de empleo en las últimas cinco semanas, va a responder que “no”, no porque no esté interesada en trabajar (lo que la colocaría en el grupo de desempleados) sino porque está desanimada de hacer gestiones, ya que ya ha hecho muchas con resultados negativos. Otra razón que se puede sumar, es que algunas personas con discapacidad no tienen igual acceso a la información de los empleos disponibles, por falta de formatos accesibles, o porque simplemente se les dificulta salir de su casa por la inaccesibilidad física y de transporte.

El error consiste en que se coloca en igualdad de condiciones a personas con y sin discapacidad que busquen empleo, cuando esto es absolutamente falso, ya que la subestimación existente y otros factores relacionados con prejuicios sobre la discapacidad, hacen que tanto los empleadores privados como los públicos, tiendan a rechazar a las personas con discapacidad, aún cuando cuenten con una buena preparación y experiencia.

Se deben pensar con la lógica de un empleador que desea que a quien contrate sea lo más productivo posible. Si tal empleador considera que esa persona con discapacidad no puede ser productiva (así piensan la mayoría ya que han sido formados en un entorno cultural, que subestima y discrimina), lógicamente que no le va a contratar. Es por ello que al asociarse discapacidad con escasa o nula capacidad productiva, el derecho al trabajo sea uno de los derechos más afectados cuando se trata de personas con discapacidad.

Una situación que es bastante común es que a los trabajadores con discapacidad, se les pague salarios inferiores o no se les pague del todo. En México, por ejemplo, el 14% de las personas que trabajan no recibe sueldo y otro 22,6% gana menos de un salario mínimo. Una situación similar se observa en Brasil, donde el 30% de las personas con discapacidad gana menos de un salario mínimo.vi

Otro claro ejemplo de la falta de oportunidades laborales para las personas con discapacidad es el tipo de trabajo al que pueden acceder. En Chile, sólo un tercio de las personas con discapacidad ocupadas tienen un trabajo de jornada completa. Muchas tienen empleos informales, trabajan por cuenta propia o están subempleadas. En Bolivia, casi el 40% son trabajadores independientes o informales, mientras que en Honduras, el 73% trabaja en forma independiente o en relación de dependencia pero sin recibir remuneración alguna.

En función de tratar de revertir esta situación en algunos países (Argentina, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela), se han aprobado leyes que han fijado cuotas para el empleo de las personas con discapacidad, que entidades públicas y empresas privadas de determinados tamaños, deben contratar. Cuando el Estado está obligado por ley a contratar a trabajadores o trabajadoras con discapacidad, y no lo hace, le ofrece un buen pretexto al sector privado para no hacerlo tampoco. Consecuentemente, según la información de que se dispone, a partir de estas políticas y de otras de estímulo fiscal (como la establecida en Costa Rica), los resultados que se obtienen, todavía son tan magros como desalentadores.

Servicios de salud y rehabilitación

La mayor parte de las personas con discapacidad de la región no tiene acceso a los servicios de salud y de rehabilitación. Incluso muchos de los edificios donde se ofrecen estos servicios, carecen de accesibilidad.

En la mayoría de los países de la región, el acceso al seguro médico y a la seguridad social, está condicionado por el estado ocupacional, de ahí que las elevadas tasas de desempleo priven de cobertura a las personas con discapacidad. Es por ello que el 84% de las personas con discapacidad en Ecuador no tiene ningún tipo de cobertura médica y en Chile, sólo el 7% cuenta con un seguro médico privado, mientras que entre el 60% y el 80% recibe asistencia a través del sistema de salud público.

Igualmente, es una práctica común que las empresas privadas que ofrecen cobertura médica rechacen a las personas con discapacidad. Tal tipo de discriminación ha dado lugar a una gran cantidad de denuncias en Uruguay. En virtud de que no pueden acceder a una cobertura médica, les corresponde a los gobiernos asumir la responsabilidad de proveerles atención médica y rehabilitación a las personas con discapacidad de sus países. Empero aún cuando los gobiernos acepten esta responsabilidad, en muchos países carecen de los recursos necesarios y, consecuentemente, los servicios que prestan son insuficientes y de baja calidad.

Por otra parte, algunos servicios importantes o las ayudas técnicas, tales como sillas de ruedas, no se consideran necesidades y, por ende, no se proveen. Así las cosas, muchos gobiernos hacen descansar esta labor en entidades privadas, que intentan, infructuosamente, cubrir la demanda y lo hacen dentro de un modelo de caridad, que convierte la entrega de estas ayudas técnicas en una limosna más despojándoles de carácter de derecho que deben tener. Mientras tanto, las especialidades médicas y de rehabilitación que son requeridas para atender distinto tipo de discapacidades y que se ofrecen, son insuficientes.

Por todo ello, se puede afirmar que el derecho a la salud de las personas con discapacidad, tiene un bajo índice de cumplimiento y lo que domina son diferentes manifestaciones de violación de ese derecho, que es fundamental para todo ser humano.

Libertades básicas y ciudadanía

El ejercicio pleno de las libertades fundamentales y de la ciudadanía de las personas con discapacidad en Latinoamérica, es severamente afectado, fundamentalmente, por los problemas de accesibilidad física que se dan en el entorno urbano, en edificaciones públicas o privadas de uso público y en el transporte, como en el acceso a la información y la comunicación dentro del marco de subestimación imperante.

Libre movilidad

En ningún país de la región existe una prohibición expresa de que las personas con discapacidad, con movilidad reducida, se desplacen en determinados entornos, empero no es necesaria, en virtud de que la inaccesibilidad que domina en el transporte y en los entornos urbanos, produce los mismos resultados.

La mayoría de los países cuentan con normas mediante las cuales los edificios deben ser accesibles para las personas con discapacidad. Sin embargo, tales disposiciones sólo cubren a edificaciones nuevas o remodelaciones de edificios ya existentes, pero ese no es el principal problema: Lo real es que rara vez se exige el cumplimiento de estas normas. También es común la falta de criterio técnico con que se busca construir con accesibilidad. Se construyen rampas que son demasiado pronunciadas y sanitarios que no son accesibles. Belice, Honduras y Surinam son algunos de los países que no tienen leyes sobre accesibilidad.

La falta de accesibilidad que impide o afecta el derecho a la libre circulación, a menudo se extiende a los espacios públicos de nuestras ciudades. Algunos de los obstáculos comunes son la ausencia de rampas en las aceras, el bloqueo de las rampas existentes y la falta de señales sonoras u otro tipo de señalización accesible en los cruces de vías. A esto se suman la irregularidad de las superficies y la omnipresencia de las ventas ambulantes.

En la región, los países que han impulsado algún avance en los sistemas de transporte público, son todavía escasos. Brasil, Jamaica, Colombia cuentan con sistemas de autobuses accesibles en algunas ciudades. En muchos casos, como en el de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Costa Rica y Venezuela, el transporte es parcialmente accesible, con una cantidad reducida de unidades o estaciones de tren adaptadas. El sistema de transporte en general continúa siendo inaccesible desde el punto de vista funcional debido a que las adaptaciones no son uniformes.

Derecho a la información y la comunicación

El derecho a la informarse y recibir información a través de medios accesibles, derecho del que deberían disfrutar las personas con discapacidades sensoriales, se cumple de manera muy limitada en la región. Los gobiernos publican escasa información en formatos alternativos. Una muestra concreta de ello es que sólo el 40% de los países tienen una versión en formato alternativo de su Constitución Política y sólo unos pocos de ellos convierten otros documentos de interés nacional a esos formatos.

El uso del Braille en documentos públicos importantes es una práctica muy limitada y el uso de la Lengua de Señas en entidades públicas prestatarias de servicios, es la excepción más que la regla.

Son pocos los países que cuentan con sistemas para que las personas con discapacidad puedan comunicarse con las autoridades en caso de emergencias complejas. Hay algunos países que han avanzado ofreciendo un sistema de telefonía accesible para las personas sordas, empero su cobertura todavía es limitada. Tal es el caso de Brasil, Costa Rica, Chile y Panamá.

Los medios de televisión (generalmente de carácter privado) aún cuando existan normas, que les obligan a ofrecer programas noticiosos y de interés educativo con interpretación en Lengua de Señas o subtitulados, pocas veces lo cumplen y cuando lo hacen, es de manera puntual. Por ejemplo, en los noticieros matutinos solamente.

Ciudadanía pendiente

El ejercicio de una ciudadanía plena para las personas con discapacidad, en edad adulta, es un tema pendiente en nuestros países

En lo que se refiere al derecho al sufragio, aún cuando este es un derecho universalmente reconocido en la región, sólo un grupo reducido de países se esfuerza por garantizarles a las personas con discapacidad el ejercicio pleno y efectivo de este derecho.

En la mayoría de nuestros países, muchas personas con discapacidad que desean votar se ven imposibilitadas de hacerlo debido a la inaccesibilidad de los centros de votación, la falta o escasa información sobre el proceso político electoral y, en ocasiones, debido a la falta de interés de las autoridades electorales. Y más grave aún: Algunos países tienen disposiciones que permiten declarar a una persona jurídicamente incapaz por el solo hecho de tener una discapacidad. Consecuentemente, a algunas personas con discapacidad se les priva de ejercer su derecho al sufragio y muchos otros derechos. Con frecuencia, las personas que tienen discapacidades múltiples o “discapacidad mental” reciben este tipo de trato. En Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay, las personas "sordo-mudas" son consideradas jurídicamente incapaces. En otros países, las personas con discapacidad mental o psico-social pueden ser despojadas de sus derechos. Pueden recibir este mismo trato las personas con discapacidades sensoriales —las personas ciegas, por ejemplo— en El Salvador, Guatemala y Guyana.

Como resultado de este estado de exclusión y discriminación prevalecientes, y de la extendida falta de accesibilidad en el espacio físico y de servicios, las personas con discapacidad han tenido escasas posibilidades de participación social. Tal es un obstáculo bastante extendido en la región para que las personas con discapacidad se organicen en movimientos asociativos, capaces de promover, proteger y defender sus derechos humanos. Tienen una presencia significativa en los diferentes países de la región, las asociaciones intermediarias, que realizan su trabajo inspiradas en la caridad y la filantropía u orientadas por el asistencialismo social.

Consecuentemente, la población con discapacidad de nuestros países, a través de movimientos sociales, conscientes, activos y orientados por el modelo social, no han marcado significativamente las políticas públicas de los Estados a través de sus acciones de incidencia.

A las OPcD, por lo general, no se les toma en cuenta en consultas sobre políticas que les afectan y cuando se hace esto, es de manera superficial.

La incidencia política y social de las organizaciones de personas con discapacidad, potenciadas políticamente, es apenas emergente, esporádica y débil. Todavía no tienen un dominio amplio sobre aspectos conceptuales y prácticos de derechos humanos. Su trabajo se ha inclinado hacia la promoción general de los derechos de las personas con discapacidad, más que en prácticas consolidadas de protección y defensa.

La Convención de la ONU

La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, debe convertirse en un verdadero parte-aguas en la historia de los derechos de las PcD. Eso no se va dar por generación espontánea o simplemente, por designios gubernamentales. Se va a requerir mucha acción política departe de las OPcD y de otras entidades de la sociedad civil interesadas en los derechos de las PcD.

Hay dos lemas que deben tomar fuerza en las OPcD en la región para impulsar la aplicación efectiva de este buen tratado; a saber: “Sin acción, no hay derecho” y “Nada acerca de las PcD, sin las PcD”. Combinados y practicados en forma efectiva se vuelven muy potentes y transformadores. Sólo transitando por ese camino se pueden impulsar y dar los cambios necesarios que modifiquen la situación actual en el campo de los derechos de las PcD, que en grandes pinceladas describimos en las páginas anteriores.

A partir de la hora presente los países que ya ratificaron la Convención (y los que se vayan sumando en los próximos meses y años), no se debe permitir que se construya infraestructura pública o privada que ofrezca servicio al público sino se garantiza accesibilidad física, segura y de calidad, para todas las personas. Las entidades gubernamentales deben dictar normas específicas con tal propósito y cumplirlas y hacerlas cumplir, con todo rigor. Es éticamente inaceptable que se construya infraestructura que perennice la exclusión.

De igual manera, los servicios públicos informativos, de comunicación y transporte, deben ser accesibles para todas las personas. El formidable desarrollo tecnológico alcanzado posibilita tal accesibilidad a cada vez más bajos costos. Las entidades gubernamentales (nacionales como locales) deben trabajar en políticas y programas, que garanticen el avance progresivo y sostenible en la accesibilidad universal en tales servicios. No hacerlo, contribuiría a mantener en la postración y la pobreza a millones de personas con discapacidad en nuestra región.

En este ámbito de acceso a la información, es imprescindible que los Estados impulsen políticas y acciones urgentes encaminadas a reducir, en forma eficaz, la doble brecha digital y la falta de acceso a las TIC, que enfrentan las personas con discapacidad, por su condición de ser pobres y por su discapacidad.

En el campo educativo, los Estados deben de garantizar y ofrecer educación inclusiva, a todas las personas, asegurando dotar a las personas con discapacidad en las diferentes etapas de su existencia, de ofertas educativas de calidad, que les posibilite el mayor desarrollo humano posible. Es necesario que las personas con discapacidad alcancen la formación adecuada, en arreglo a sus condiciones personales y potencialidades, para producir y trabajar.

Sin educación las posibilidades de insertarse en el aparato productivo de un país o una comunidad, son casi nulas para cualquier persona y completamente nulas para las personas con discapacidad. Consecuentemente, la pobreza asociada a discapacidad, tiene como un medio fundamental para romper el círculo, políticas educativas que permitan llegar a todas las aulas a las personas con discapacidad, para ofrecer una mano de obra de calidad; ya para el mercado competitivo, ya para el auto-empleo o cualquier otro ámbito.

Por otra parte, en una necesaria etapa de transición entre la exclusión laboral y productiva de las personas con discapacidad y su inclusión, sin restricciones y prejuicios en entornos abiertos y accesibles en los mercados laborales privados, es necesario impulsar programas inmediatos, que incluyan incentivos atractivos para las empresas y programas de acción afirmativa eficaces, que de manera efectiva, contribuyan a reducir el desempleo y la discriminación laboral contra las personas con discapacidad. De igual manera, las entidades públicas deben abrir sus puertas a servidores públicos con discapacidad, incluso dictando normas que prioricen la contratación de personas con discapacidad cuando cumplan los requisitos establecidos de manera similar a otros oferentes sin discapacidad.

En el campo de la salud, los Estados deben impulsar políticas y programas públicos, que garanticen el acceso a los servicios de salud de las personas con discapacidad tanto de zonas urbanas como de rurales y remotas. Eso incluye la formación de personal médico y técnico con una visión distinta de la discapacidad, lugares y servicios accesibles y tratamientos para atender padecimientos propios de personas con discapacidad, entre otros. Tales medidas serán muy importantes en la prevención de nuevas deficiencias o de agudización de las existentes.

Asimismo, no debe haber confusión entre las políticas públicas orientadas a prevenir las deficiencias, a partir de sus distintas fuentes, con las políticas transversales de atención a las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás.

En relación con las necesidades de protección social a las personas con discapacidad, sometidas a duras condiciones de pobreza, los gobiernos deben de impulsar y ejecutar políticas y programas que les mejoren su existencia, reduzcan la pobreza y sufraguen gastos relacionados con su condición. Este tipo de acciones son muy importantes para evitar que los de por si disminuidos ingresos de una familia pobre, se reduzcan más por atender ese tipo de gastos. Esas políticas deben también orientarse a ofrecer alternativas de cuidado y atención a personas con discapacidad, que posibiliten la actividad productiva y la generación de ingresos de miembros de la familia, que, por lo general, se ven obligados a sólo ser cuidadoras o cuidadores, carentes de otras alternativas u horizontes.

Por su parte, los distintos actores de la cooperación internacional, deben de tomar clara consciencia de que ésta es imprescindible para lograr avances sustantivos en la ruptura de ese círculo entre pobreza y discapacidad, particularmente en los países de bajos ingresos. A partir del reconocimiento de la importancia de la cooperación internacional, todos los países y agencias que la promueven y la materializan, a través de distintos programas y acciones, deben asegurar el carácter inclusivo y accesible para las personas con discapacidad.

Es imprescindible entonces, como medida concreta, que ese carácter inclusivo y accesible, se convierta en una condición sine qua non a la hora de apoyar cualquier programa. Si a través de él, se construye infraestructura o involucra transporte, ésta y éste deben ser accesibles. Si se relaciona con información y comunicación, de igual manera. Si financia programas educativos deben ser inclusivos y orientados a la efectiva movilidad social de las personas con discapacidad. Si tiene que ver con promoción del empleo debe garantizar la apertura de oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Y así por el estilo.

Igualmente, es de un enorme valor y necesidad que la cooperación internacional, en este próximo proceso inicial de implementación de la convención en América Latina y El Caribe, se comprometa en un apoyo muy fuerte dirigido a reducir la pobreza asociada con discapacidad.

Como hemos subrayado más arriba, las OPcD son claves impulsoras de la realización efectiva de los derechos de las PcD, a través de acciones de incidencia oportunas y eficaces. Para jugar tan decisivo papel impulsor, las organizaciones deben de fortalecerse, capacitarse y afilar su capacidad de incidencia.

El decenio de las Américas

De la misma manera que es necesario para lograr avances, en la región, en los derechos de las personas de con discapacidad y en el mejoramiento de sus condiciones de vida, esgrimir el citado instrumento internacional, se hace es necesario también aprovechar al máximo, la Declaración y el Plan del Decenio por los Derechos y la Dignidad de las Personas con discapacidad, aproados por la OEA en el 2006 y el 2007, respectivamente.

Este plan formulado con buenos contribuciones de organizaciones y entidades regionales, (entre la que aparece de manera muy destacada, la RIADIS), interesadas en los derechos de las personas con discapacidad, corre el peligro de no superar la trascendencia de un saludo de la bandera si no se realiza una fuerte incidencia tanto en los Gobiernos como en la OEA, para lograr avances concretos y medibles.

En el ámbito de la OEA, ya la RIADIS ha empezado a dejar una huella significativa, a través de diferentes acciones de incidencia, en las que se ha reflejado su capacidad propositiva y la firmeza con que defiende los derechos de las PcD. Debe aprovechar la experiencia que ha ido acumulando en este ámbito interamericano y la buena imagen que ha venido proyectando, para profundizar sus esfuerzos de incidencia y contribuir a salvar el Decenio de las Américas, que el momento actual resuena con un silencio estremecedor.

Una nueva práctica, una nueva agenda

Después de esa apreciación situacional del estado de los derechos de las personas con discapacidad en América Latina y El Caribe, que --por el momento--, ofrece más sombras que luz, es imprescindible que la RIADIS trabaje en una agenda transformadora orientada a hacer que las personas con discapacidad sean, efectivamente, incluidas en la agenda del desarrollo de nuestros países.

Esta agenda debe formularse a partir de la inherencia de la dignidad y los derechos humanos de las personas con discapacidad, entendiendo a éstos, de una manera interdependiente e integral, lo que incluye tanto los civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales.

Hasta el presente, los derechos han sido un referente teórico más que un motor práctico para avanzar en llevar justicia y equidad a las personas con discapacidad. Hoy, la promoción, defensa y la protección, debe ser desarrollada tendiendo como base la utilización de los nuevos instrumentos jurídicos y la aplicación de conocimientos y destrezas que los movimientos asociativos y las entidades públicas que trabajan en y por los derechos de las personas con discapacidad, deben adoptar.

Las organizaciones de la sociedad civil como las entidades públicas, seriamente interesadas en superar de una vez y para siempre, ese “apartheid” silencioso que por tanto tiempo, ha posibilitado la discriminación, la exclusión y la marginación de las personas con discapacidad y, con ello, las sistemáticas violaciones de sus derechos, debemos de edificar una alianza potente y constructiva.

En tal dirección, es importante y necesario que las entidades públicas involucradas activamente en el campo de la discapacidad, contribuyan al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad, a fin de que se abran mayores espacios de participación y su gravitación e incidencia, sea mayor. Igualmente, es clave que estos movimientos –ojalá cada vez más potenciados—apoyen los esfuerzos de las entidades públicas, a partir de esa agenda común, centrada en la vigencia plena de los derechos de las personas con discapacidad.

Si nos comprometemos a avanzar por este camino, dentro de un lustro o un decenio, cuando se presente la situación de las PcD, no se estarán repitiendo las mismas ideas incluidas en el presente trabajo. Será en esas fechas que podremos decir que “Otro Mundo –accesible e inclusivo—es posible para las personas con discapacidad de nuestra región”.