Luis Fernando Astorga en acto del 3 de diciembre en El Salvador:
Sin Patria inclusiva y accesible, la Democracia es imposible
Luis Fernando Astorga Gatjens, Director Ejecutivo del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Ejecutivo (IIDI) y Asesor Político de la RIADIS, intervino en el masivo acto del 3 de diciembre, celebrado en San Salvador. Fue invitado a esa actividad por la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y la Secretaría de Inclusión Social, como expositor internacional.
Seguidamente, transcribimos su discurso:
Los más excluidos entre los excluidos
Este día 3 de diciembre, en que se rinde homenaje a las personas con discapacidad en todo el mundo, es un muy buen momento para el encuentro constructivo y el intercambio fructífero de las entidades, organizaciones y personas, cuya voluntad y compromiso se centra en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.
Quienes trabajamos en esta región entrañable, que el Maestro José Martí denominara Nuestramérica, hemos podido constatar la discriminación, la exclusión y la pobreza que afecta a millones de personas con discapacidad. De ahí que en informes sobre la situación que enfrenta este sector poblacional, se le caracterice acertadamente como “los más excluidos entre los excluidos”.
Los datos de Naciones Unidas son más que elocuentes: El 82 % de las personas con discapacidad de los países en desarrollo, viven (muchos apenas sobreviven) en medio de la pobreza.
Bengt Linqvist, exrelator de la ONU en esta materia, lo dijo muy claro: La pobreza genera discapacidad y la discapacidad es generadora de pobreza. Este es un círculo vicioso que hace que entre los pobres de nuestros países, haya una presencia desproporcionada –cuando se compara con otros sectores—de personas con discapacidad.
Y bajo las actuales circunstancias adversas que dominan en nuestros países, salir de la pobreza para una persona con discapacidad, es como escalar el Monte Everest en una silla de ruedas.
Es por ello que queremos cambiar este estado de cosas, donde la inaccesibilidad abra paso a la accesibilidad, la exclusión ceda terreno a la inclusión, donde la discriminación se rinda ante la igualdad y equiparación de oportunidades. En fin, donde las personas con discapacidad sean personas sujetas de derechos y se respete su intrínseca dignidad.
El próximo 13 de diciembre, se cumplirá el tercer aniversario de cuando la Asamblea General de Naciones Unidas, por consenso, aprobara la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ese momento fue antecedido por un intenso y rico proceso de negociaciones, que duraron cinco años y mediante las cuales, logramos construir el primer tratado internacional de derechos humanos del Siglo XXI.
Constructores de nuestra convención
Y este plural donde nos incluimos no es antojadizo. La razón es muy sencilla: En el proceso de elaboración de este tratado como nunca antes había sucedido en la ONU, las personas beneficiarias directas de la convención que emergía, fuimos protagonistas de su construcción.
La fuerza de nuestra presencia en Nueva York, nuestro conocimiento profundo sobre el tema (éramos realmente personas expertas), nuestra capacidad propositiva y negociadora y, especialmente, el espíritu unitario con que trabajamos, dio muy buenos frutos; a tal punto que el brillante Presidente del Comité Ad Hoc, Don Mackay, afirmara, en generoso reconocimiento, que el 70 % de esta convención se le debe a las contribuciones de las organizaciones de personas con discapacidad.
¡Qué hermosa paradoja! Los más excluidos entre los excluidos, cuando tuvimos oportunidad, mostramos todo nuestro enorme potencial político, creativo y propositivo, y de paso, llevamos aires frescos y democratizadores a las Naciones Unidas.
Hablamos sobre esta convención por las anchas posibilidades y expectativas, que abre para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Por vez primera, las personas con discapacidad de todo el planeta pueden fijar sus esperanzas, en un instrumento jurídico internacional, de carácter vinculante para todos los Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él.
Contamos con una buena convención que en Latinoamérica ha sido ya ratificada, internamente, por todos los países; lo cual es motivo de orgullo, ya que subraya el liderazgo regional en materia de ratificación. Esperamos ahora que este compromiso mostrado por nuestra región de convertir este tratado en norma nacional, se complete con su ratificación internacional, por parte de los países que la tienen pendiente.
Precisar las cifras
El Salvador fue uno de los primeros países latinoamericanos en ratificar este tratado y su protocolo facultativo. Internacionalmente, lo hizo el 14 de diciembre del 2007. Con ello, el Estado salvadoreño robusteció las normas que reconocen y promueven los derechos de las personas con discapacidad.
Es seguro que esta decisión ha llenado de esperanzas a los miles de hijos e hijas con discapacidad, de este país heroico, que lucha por su mejor desarrollo.
Valga decir que será oportuno que el Salvador --como el resto de los países latinoamericanos—realice su mejor esfuerzo para determinar, con mayor precisión, cuál es el porcentaje real de su población con discapacidad. En general, en nuestros países ha habido subregistro que hace que se fijen porcentajes menores; lo que afecta su inclusión a la hora de elaborar los planes de desarrollo nacional.
Como es bien sabido para países como los de nuestra región, la Organización Mundial de la Salud (OMS) proyecta un estimado que va de un 10 a un 13 %. En este contexto, es oportuno recordar lo que indica el inciso 1 del artículo 31 de la convención, referente a la recopilación de datos y estadísticas: “Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención”.
Sería muy oportuno y útil que se pudiera impulsar un estudio que permitiera conocer más sobre la población con discapacidad, su cantidad, su ubicación geográfica y sus condiciones de vida. Será asimismo necesario que si se decidiera realizar tal investigación, se incluya la consulta y se asegure la participación de representantes de las organizaciones de personas con discapacidad del país; tal y como lo establece el mismo tratado.
Sin acción, no hay derecho
Es seguro que para las actuales autoridades de Gobierno y de otros poderes del Estado, como para las organizaciones de personas con discapacidad y de familiares y de otras entidades públicas y de la sociedad civil, interesadas en el avance de los derechos humanos, es muy importante convertir las disposiciones de esta Convención y de otras normas vigentes, en práctica viva, que incluya a las personas con discapacidad y asegure el sostenido mejoramiento en sus condiciones de existencia.
“Sin acción, no hay derecho” hemos estado proclamando insistentemente. Esta normativa esperanzadora requiere del compromiso práctico y efectivo de la institucionalidad del Estado y del trabajo, firme y constante, de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente de las.
Las primeras cumpliendo su obligación de atender los problemas y necesidades de la población con discapacidad, a través de políticas públicas y programas, transversales e incluyentes. Y en el caso de las organizaciones de personas con discapacidad, vigilando y recordándole este compromiso y trabajando, conjuntamente, en la generación de esas políticas para que sean realizables e impacten, positivamente, la vida de las personas con discapacidad.
En materia de discapacidad, lo que ha prevalecido es una extendida subestimación de las personas que tenemos tal condición. En el imaginario socio-cultural dominante hemos sido y somos seres dependientes, objetos de la lástima y la caridad privada o pública.
Una nueva mirada
Esta visión debe romperse ya. Se requiere una nueva mirada en relación con las personas con discapacidad. Debemos recordar –como lo visualiza la convención—que la discapacidad es un producto social. Nosotros podemos tener una deficiencia física, sensorial, intelectual o mental. Eso no es lo que nos discapacita sino la falta de condiciones de accesibilidad y la discriminación generada por los prejuicios subestimativos prevalecientes.
Somos conscientes de las carencias de nuestros países y de los múltiples problemas económicos y sociales, que deben atender nuestros gobiernos. Sabemos asimismo que no se pueden, en forma automática o mágica, resolver los graves problemas acumulados, que afectan a las personas con discapacidad. Hay que recordar que en este campo, existe una enorme deuda social.
Sin embargo, esta nueva mirada debe impulsar a dar pasos efectivos para incluir a las personas con discapacidad en la agenda del desarrollo de nuestros países. Eso significa, en concreto, que se deben desarrollar o ajustar políticas públicas generales, para que sean debidamente incluidas las personas con discapacidad.
Hasta ahora lo que ha prevalecido son pequeños programas e iniciativas puntuales, que atienden algunas necesidades de las personas con discapacidad; muchas de las cuales apenas subsisten con presupuestos exiguos, sin que puedan asegurar servicios de calidad y que tienen cobertura sobre limitados grupos de beneficiarios. Consecuentemente, la inmensa mayoría de las personas con discapacidad, no se ven beneficiadas y esto se hace aún más grave, en las zonas rurales y remotas.
A la par de ese esfuerzo de diseño y desarrollo de políticas públicas incluyentes en educación, en salud, en empleo y acceso a la actividad productiva, en transporte público accesible, en el acceso a la información y la comunicación, en vivienda, en participación política y pública para las personas con discapacidad; en fin, en todas las esferas relevantes de la actividad social, es imprescindible que los programas cuenten con recursos presupuestarios, que aseguren su ejecución.
O para decirlo de otra manera: Es imprescindible que la lluvia del desarrollo social moje a las personas con discapacidad. Si es una pequeña llovizna que los refresque y si es una aguacero torrencial, que los empape. Lo que no se quiere es seguir padeciendo la sequedad de la desesperanza y la exclusión.
Políticas incluyentes y transversales
En la construcción de estas políticas incluyentes y transversales puede y debe jugar un papel muy activo la instancia del Estado que hace mención la convención, en su artículo 33, inciso 1. Ahí se menciona que “Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente convención…”. Es muy importante que cuanto antes se designe esa responsabilidad y a la institución, que emerja de esa decisión, se le asignen los recursos necesarios para que juegue, eficazmente su papel y que en su seno estén debidamente representadas las personas con discapacidad, por medio de sus organizaciones propias.
Estoy persuadido de que el Gobierno de El Salvador no sólo puede, a partir de una nueva mirada al tema discapacidad, construir una política justa y apropiada—es decir inclusiva—sino que tiene todas las condiciones para mostrar al mundo que puede ser modelo de inclusión para las personas con discapacidad.
Cuando se negociaba el tratado en Nueva York, un tema importante que se debatió fue el de la cooperación internacional. Es bien sabido que la cooperación internacional ha sido un importante acicate en el impulso de los derechos de los sectores excluidos.
Por ello, es tan pertinente recordar aquí que el artículo 32 de la convención aboga por una cooperación internacional, accesible e inclusiva. Eso es lo que queremos hoy las personas con discapacidad. Aspiramos que ese apoyo sea fortalecido en países como El Salvador, que han tenido que enfrentar grandes dificultades de diferente índole (incluso, recientemente, con devastadoras inundaciones) y que hoy realiza un enorme esfuerzo para construir una sociedad más inclusiva.
Organizaciones más fuertes y conscientes de su rol
Una garantía para el presente y para el futuro es que las personas con discapacidad, cuenten con organizaciones más fuertes y representativas. Para avanzar en tal dirección es necesario que las personas con discapacidad tengan mayores facilidades para su participación en organizaciones propias, que defiendan y promuevan sus derechos e intereses.
En este sentido, será muy valioso tanto el apoyo del Gobierno, en la medida de sus posibilidades y respetando su autonomía, como el de las agencias cooperantes, para facilitar el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad.
Con organizaciones de personas con discapacidad, más fuertes y más conscientes de su rol, se podrá lograr que cumplan mejor, su imprescindible papel de vigilancia y de incidencia política, para convertir las normas de derechos humanos, en realidad que impacte cotidianamente la vida de cada vez más personas con discapacidad.
Con este compromiso que hoy, 3 de diciembre, simbólicamente, reafirmamos y renovamos, todo este conjunto de entidades públicas, de organizaciones de la sociedad civil y agencias cooperantes, podemos decir que avanzamos en derechos humanos, en democracia y desarrollo inclusivo.
Ahora lo que sigue es que hagamos este compromiso, realidad porque debemos recordar, como lo hemos proclamado en otros escenarios de esperanza y de lucha:
“Sin Patria inclusiva y accesible,
la Democracia es imposible”.
Muchas gracias.