Comentario editorial:

Vientos de crisis, tiempos de luchas

Julio Fretes, Secretario General de RIADIS

Así como los finales de años son propicios para realizar balances y recapitular sobre el camino andado, los principios de años, como inicios de ciclos, también son adecuados para realizar proyecciones y tratar de visualizar el camino que nos espera.

Con esa perspectiva e intención, sin pretender un análisis exhaustivo de la situación y manteniendo como marco referencial la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad que viven en los países Latinoamericanos y Caribeños, entregamos estas líneas para la segunda edición de RIADIS EN ACCIÓN.

El inicio de este año está marcado con el progresivo agravamiento de la recesión económica a nivel mundial, con fuerte impacto en los países en vías de desarrollo. La crisis económica y reducción de niveles de empleos en países desarrollados, como Estados Unidos, Japón y los países europeos, repercute en miles de familias latinoamericanas y caribeñas, que ven reducidos sus ingresos monetarios, ya por una baja en la producción y exportaciones, ya por una baja en la inversión extranjera, ya por una reducción drástica del turismo procedente de esos países.

La crisis internacional incrementa los niveles de desempleo, pobreza y desigualdad, ya de por sí abrumadores en esta parte del mundo. Aún cuando la región ha venido experimentando un crecimiento sostenido desde el año 2004, el mismo se ha desacelerado en el 2008 y se pronostica su caída definitiva a partir del 2009. Tampoco debe olvidarse la cuestión alimentaria que, debido a la prolongada sequía en los países productores de cereales, no habrá suficiente alimentos para millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza en los países de América Latina y el Caribe.

Como siempre, este sombrío panorama, castigará a los grupos mas vulnerables de la sociedad tales como los pobres, los indígenas, los niños y jóvenes, las personas con discapacidad, los adultos mayores, por citar algunos.

Por otra parte, y contrastando con la situación descripta precedentemente, como nunca en la historia de la humanidad, la protección jurídica de las personas con discapacidad se encuentra en pleno desarrollo. Tal es así que, en el ámbito del continente americano, además de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), de las Naciones Unidas, disponemos también de la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (Convención de Guatemala), cada una de las cuáles, a su vez, habilitan las instancias internacionales del sistema Universal y del Sistema Americano de protección de los derechos humanos, para el control y vigilancia del cumplimiento de ambos tratados.

Hasta el momento de la redacción de estas líneas, 138 estados ya suscribieron la CDPD. De ese enorme grupo de Estados, 46 la ratificaron, correspondiendo 18 a países de Latinoamérica y el Caribe. Algunos de los cuales todavía están en el proceso del depósito de los instrumentos legales ante la Secretaría General de las Naciones Unidas. Por su parte hasta el presente, 16 de los 34 Estados que forman parte de la OEA, han ratificado la Convención de Guatemala.

La situación no será fácil –como nunca lo ha sido- pues, para poder mantener la onda expansiva de este desarrollo de la protección jurídica de las personas con discapacidad, en un escenario de crisis internacional

y carencia de recursos, habrá que redoblar los esfuerzos, en cada rincón de nuestra América Latina y el Caribe, para evitar el estancamiento o retroceso de esta evolución histórica de los derechos de las personas con discapacidad.

Ante esta coyuntura histórica, resulta imperativo priorizar líneas estratégicas de acción los que, a nuestro criterio, deberían fundarse en:

1.Conocimiento de las normas.

Dominio mayor de los instrumentos jurídicos internacionales (CDPD y Convención de Guatemala), así como los procedimientos para recurrir ante esas instancias, además, como condición previa, el mejor dominio posible de las normativas internas de cada país por parte de las organizaciones, líderes y miembros, en general de las organizaciones de personas con discapacidad de nuestros países.

2.Fortalecimiento de las organizaciones de y para PCD.

En la medida en que las organizaciones de y para PCD sean percibidas por toda la sociedad como las referentes en materia de derechos de las personas con discapacidad, estarán en condiciones de ejercer una incidencia decisiva en todos los campos (Salud, educación, empleo, Justicia, etc.).

3.Alianzas estratégicas.

El momento es propicio para que los diversos sectores y actores de la discapacidad, sin perder cada uno su propia identidad, puedan establecer alianzas estratégicas bajo el paraguas común de los derechos humanos, en general, y de los derechos de las personas con discapacidad, en especial.

La multiplicidad de organizaciones de y para personas con discapacidad, reflejo de la diversidad humana, lejos de ser una debilidad, puede constituir una fortaleza tanto por la amplitud como por la extensión de la representatividad. Eso si buscando en confluir en alianzas orgánicas, cuando es posible y si no se dan tales condiciones, en trabajar en esfuerzos unitarios a partir de plataformas comunes.

Este proceso integrador debe proyectarse tanto hacia las organizaciones de base como también hacia las regionales y mundiales y debe incluir, en todos los niveles, alianzas con organizaciones de derechos humanos y luchas sociales en general, de quienes tenemos mucho que aprender por las experiencias y buenas prácticas en la implementación de otras convenciones.

Ninguna crisis debe ser obstáculo para avanzar sin pausa en la lucha por el reconocimiento pleno de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Actuar localmente sin perder de vista el pensamiento global podría ser la clave para esta coyuntura histórica.

Asunción, Paraguay, 18 de enero.

Julio Fretes (primer plano), Secretario General de la RIADIS.