Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad:
Herramienta para luchar por el cambio necesario
Luis Fernando Astorga Gatjens/ Director Ejecutivo para América Latina, del IIDI y Asesor Político de RIADIS
(Publicamos este artículo sobre la historia de la Convención para celebrar el primer aniversario de su entrada en vigor internacional y como un recordatorio necesario del activo papel que deben seguir jugando las personas con discapacidad y sus organizaciones, en la desafiante implementación del tratado.)
La foto recoge un primer plano de Luis Fernando Astorga Gatjens, Director Ejecutivo para América Latina del IIDI.
El sábado, 3 de mayo del 2008 se convirtió en una fecha histórica para las personas con discapacidad del mundo entero y para todas aquellas entidades y personas interesadas en los derechos de estas personas. Ese memorable día entró en vigor internacional la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo. Hoy, un año después, celebramos, con regocijo esa fecha histórica.
Exactamente un mes antes de esa fecha esperanzadora, un país latinoamericano (3 de abril, 2008), Ecuador, había depositado el vigésimo instrumento de ratificación de este primer tratado de derechos humanos del Siglo XXI, ante el Secretario General de Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon. Con ello se activó el mecanismo contemplado en el artículo 45 de esta convención, relativo a su entrada en vigor.
Por su parte, el Protocolo Facultativo aún cuando, desde el 8 de febrero del 2008, ya contaba con el número de ratificaciones necesarias para su entrada en vigencia, ya que se requerían 10 y Guinea fue el décimo país en depositar el instrumento de ratificación, lógicamente, tuvo que esperar a la entrada en vigor del tratado con que se relaciona.
Injusticia, discriminación y pobreza
Hasta el presente, las personas con discapacidad han vivido una larga noche discriminación y exclusión. Eso las ha aislado de las principales actividades de la sociedad. Con ello, se les ha negado y se les niega el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos humanos.
Las consecuencias de la discriminación basada en la discapacidad son muy graves en ámbitos tan diversos como el disfrute de una ciudadanía plena, acceso al empleo, a la educación, a la salud, a la vivienda, al transporte público, a la información y la comunicación, a la vida cultural y a la recreación, y, en general, al acceso a lugares y servicios públicos.
Pese a algunos progresos que se han alcanzado en la materia durante los últimos años del Siglo XX, los Estados y las sociedades, no han sido capaces de avanzar, de manera efectiva, en la lucha contra las violaciones de los derechos de las personas con discapacidad, cuya población en el mundo es de cerca de 650 millones de personas, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin lugar a dudas, las prácticas discriminatorias y las violaciones de derechos, que afectan a las personas con discapacidad, son el resultado de normas sociales y culturales, que en no pocas ocasiones las leyes han institucionalizado. Ha prevalecido en todas las sociedades visiones y paradigmas, que subestiman a las personas con discapacidad; las cuales las caracterizan, sin mayor análisis, como inferiores y dependientes. Tales modos de pensar han incidido, de manera determinante, para que lo que son violaciones de derechos humanos no se dimensionen como tales o se disminuya su importancia y gravedad. Es por ello que se afirmado, con razón, que la discapacidad por mucho tiempo, no ha sido un tema de derechos humanos.
Tal y como lo señaló el Ex-relator Especial de Naciones Unidas sobre discapacidad, el sueco Bentg Linqvist: “La pobreza produce discapacidad y la discapacidad genera pobreza”, en un círculo vicioso, que anula las esperanzas e ilusiones de millones de personas y sus familias en todo el mundo, pero especialmente en los llamados países en desarrollo.
De las 650 millones de personas con discapacidad alrededor de 520 millones habitan los países del sur y de esa cifra alrededor del 82 % vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Eso ubica a la mayoría de las personas con discapacidad, entre las más excluidas entre las excluidas y al margen de la agenda del desarrollo social de los países. Esta situación se traduce en múltiples violaciones de derechos económicos y sociales, que no han sido suficientemente visibilizadas.
Necesidad de un tratado internacional
Hasta adoptar la ONU esta nueva convención, las personas con discapacidad no habían sido mencionadas en los tratados de derechos humanos del sistema de la ONU, con la única salvedad de la Convención sobre los derechos del niño, que en su artículo 23 hace una mención específica a lo que denomina “el niño mental o físicamente impedido”.
En la década de los años ochenta, hubo un esfuerzo orientado a que la ONU adoptara un tratado de derechos de las personas con discapacidad. Producto de una reunión de expertos, que se realizó en Suecia en 1987, que analizaba el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, surgió la idea de impulsar una convención internacional.
Esta reunión recomendó a la Asamblea General de Naciones Unidas la convocatoria de una conferencia especial con el fin de redactar la convención. Italia y Suecia trabajaron en la iniciativa, pero no encontraron la respuesta esperada. Se convino entonces en la ONU la elaboración de un instrumento internacional de otra naturaleza. De esta manera, surgieron en el año 1993, las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que han jugado un importante papel en el impulso de los derechos de las personas con discapacidad pero que han tenido como principal debilidad el no ser un instrumento, que los Estados están obligados a cumplir.
Génesis y desarrollo del proceso
Por tal razón, se mantuvo la idea de que Naciones Unidas adoptara una convención, como la que finalmente, se aprobó. Una idea relevante que inspiró a las y los impulsores del nuevo tratado, fue que, en arreglo a la experiencia desarrollada en el siglo anterior, el reconocimiento del derecho ha servido como instrumento de cambio social.
Es justo y necesario colocar la génesis de este proceso internacional, en un momento y acontecimiento específico. Tal punto de partida debe ser ubicado en la Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia que se realizara en Durban, Sudáfrica, del 31 de agosto al 8 de septiembre del año 2001. Esta actividad, que fue organizada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, congregó a miles de representantes de gobiernos, delegados de ONG y otras organizaciones procedentes de todos los países del orbe.
En esta conferencia, la delegación de México, a través de su copresidente, Gilberto Rincón Gallardo, quien falleciera en agosto pasado, persona con discapacidad y destacado luchador contra la discriminación en su país, presentó una propuesta para que fuera incorporada en el Plan de Acción, en la que se invita a las Naciones Unidas a abrir un proceso por un nuevo tratado internacional.
Con este texto en mano, la delegación de México en Nueva York, en septiembre del 2001, empezó a trabajar intensamente en función de que la ONU abriera un proceso que diera impulso a la adopción del nuevo tratado. Los esfuerzos de México toparon con fuerte resistencia de varios Estados, particularmente de de los países desarrollados. A petición de la delegación mexicana en la ONU, el Instituto Interamericano sobre Discapacidad (IID) desarrolló una amplia campaña internacional para apoyar la propuesta mexicana, que alentó a muchas organizaciones y personas para que exhortaran a sus gobiernos, a apoyar la gestión de México.
Por su parte, el intenso trabajo diplomático de México, finalmente, dio sus buenos frutos cuando la Asamblea General de la ONU aprobara el 20 de diciembre del 2001, la Resolución 56/ 168 que es la llave mediante la cual se abrió el proceso para que se negociara la convención.
El proceso de construcción del tratado
El proceso de negociaciones del tratado se inició en el año 2002 y terminó en diciembre del 2006. En ese período, se celebraron ocho períodos de sesiones del Comité Ad Hoc; el cual fue primeramente presidido por el embajador ecuatoriano, Luis Gallegos Chiriboga y luego, por Don MacKay, embajador neozelandés ante la ONU.
De la primera reunión de este comité, no salió un acuerdo claro con respecto a si el proceso debía o no culminar en la adopción de un nuevo tratado internacional. Es en la segunda, donde se despeja esta interrogante a partir de lograr un compromiso común de avanzar hacia la redacción del tratado. En esta reunión, se toma una importantísima resolución: Se decide crear un Grupo de Trabajo, de composición mixta: Estados y sociedad civil para la redacción de un borrador de convención. Esto ha sido un hecho nunca visto en la ONU; el cual mostró la fuerza de la democracia en tiempos difíciles para este organismo.
El grupo estuvo compuesto por 27 representantes de Estados, 12 de organizaciones internacionales y regionales de personas con discapacidad y un representante de instituciones nacionales de derechos humanos (40 miembros). Cabe indicar que en represtación de la región de las Américas, la participación en ese grupo redactor, recayó en el IID-Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS) y, personalmente, en quien escribe este relato.
El borrador de tratado se completó en enero del 2004 y este fue la útil base de negociación de la tercera, cuarta, quinta y sexta reuniones del Comité Especial. En la sexta reunión, se delegó en el Presidente del Comité, Sr. MacKay, la redacción de un documento síntesis, que recogiera todo lo discutido y negociado. El “Documento del Presidente” fue la buena base de las negociaciones de la sétima y octava reuniones del Comité. En este octavo período de sesiones, después de intensos debates y negociaciones, se aprobó la Convención, el viernes, 25 de agosto del 2006.
El documento aprobado por el Comité Ad Hoc fue sometido a un proceso de revisión de forma y estilo, entre agosto y diciembre, 2006 y, finalmente, el 13 de diciembre, 2006, la Asamblea General de la ONU, aprobó el texto definitivo del nuevo tratado.
Después vino la apertura a la firma de la Convención y su Protocolo Facultativo (30 de marzo, 2007). En esa fecha, 82 países firmaron el tratado y 45, el protocolo opcional. Hoy al revisar la lista de países firmantes y ratificantes del tratado y su protocolo opcional, observamos los siguientes datos: 139 países son signatarios de la Convención y 82 del Protocolo Facultativo, 54 Estados han ratificado la Convención y 33, el protocolo opcional.
¡Nada acerca de las personas con discapacidad, sin las personas con discapacidad!
El Presidente Mackay ha dicho que el 70 % del contenido de este buen tratado, se le debe las personas con discapacidad y a sus organizaciones representativas. Eso es muy cierto: La participación de las personas con discapacidad de todo el mundo ha sido clave en todo este proceso de elaboración del tratado, como en los procesos ulteriores de firma y ratificación. Bajo el potente e inspirador lema: ¡Nada acerca de las personas con discapacidad, sin las personas con discapacidad!, las personas con discapacidad hemos participado en la construcción de un nuevo destino.
Pocas veces, la sociedad civil ha brillado tan alto en la ONU, en Nueva York. La creación del “Caucus” Internacional sobre Discapacidad (IDC, en sus siglas en inglés), compuesto por organizaciones internacionales, regionales y algunas nacionales, de personas con discapacidad y ONG, fue fundamental en este proceso. Una parte importante del IDC, lo constituyó las organizaciones que conforman la Alianza Internacional sobre Discapacidad (IDA), de la cual en la actualidad la RIADIS es organización miembro. Desde el “Caucus” se condujeron los valiosos y decisivos trabajos de incidencia hacia los Estados. El “Caucus” fue conformado en junio, 2003, en la segunda Reunión del Comité Especial y trabajó, de manera madura, unitaria y propositiva, hasta que se aprobó el tratado.
Una de las debilidades iniciales del “Caucus” fue la escasa presencia de líderes de países del Sur. Eso fue resuelto, a partir de la iniciativa del IID-RIADIS y Handicap International (HI), denominada “Proyecto Sur”. Esta iniciativa promovió, con éxito, la participación de líderes con discapacidad de países pobres, en su mayoría de países latinoamericanos, en las decisivas reuniones del Comité Ad Hoc.
Entre tales participantes, se destacan líderes de la RIADIS, quienes jugaron un importante papel en Nueva York y lo están haciendo ahora, impulsando la promoción, ratificación e implementación, con muy buenos resultados, del tratado en toda la región latinoamericana y caribeña.